Informe de gestión y espejismo de las cifras.
Edilberto Rodríguez Araújo –Representante profesoral ante el Consejo Académico de la UPTC, sede central.
Han transcurrido los primeros cien días de la actual Rectoría, encabezada por el Doctor Gustavo Álvarez Álvarez, y son crecientes las expectativas sobre los resultados de este primer tramo del cuatrienio. Para responder a lo preceptuado en el Estatuto General acerca de la rendición de cuentas, como ejercicio de control social, el Rector ha convocado a una audiencia pública el 15 de abril a la Comunidad Universitaria para conocer el Informe de gestión correspondiente. De la lectura desprevenida del documento de 66 diapositivas, que abarca los siete lineamientos contenidos en el plan de desarrollo del exrector Alfonso López (2007-2010), se desprenden las siguientes consideraciones:
1. El informe, divulgado en el portal de la UPTC, no se refiere a los primeros cien días de esta administración; por consiguiente, surge la pregunta obligada de ¿por qué no lo hizo el saliente equipo directivo? Es un informe en cuerpo ajeno. Además se observa que la presentación es la continuación del folleto divulgado, subrepticiamente, por la pasada administración a finales del año pasado, y reproducido en la edición No. 17 del periódico “Desde la U”. La diferencia consiste sólo en que, mientras en el informe se incluyen, en su mayoría, cifras de uno o dos años, el impreso cubre todo el periodo rectoral.
2. El documento repite un error metodológico que se encuentra el en el folleto mencionado y que dificulta cualquier evaluación: la inexistencia de metas cuantificables. Esta omisión se remonta al Plan de Desarrollo Institucional (PDI), donde éstas se homologan a los llamados “logros” que no poseen una línea base (o indicador inicial), fijándose, por lo tanto parámetros arbitrarios, que no resultan de un diagnóstico previo. Por ello, son muy voluntaristas, al no identificar ni actividades y acciones, ni el financiamiento requerido, ni tampoco los responsables en cada área funcional . Finalizando 2010 se difundió, de manera restringida, un documento de seis páginas denominado “Informe consolidado de cumplimiento de logros planteados en el PDI”, en donde abunda el cumplimiento de los objetivos trazados en los 23 programas formulados, cercano al 89 %, lo que revelaría, aparentemente, una exitosa y loable gestión.
3. En concordancia con lo anterior, cuando se examinan de cerca los logros obtenidos se encuentran notorios desfases en el cumplimiento esperado de programas, tales como, carreras acreditadas (76%), relevo generacional (50%), vinculación de egresados (50%), certificación de laboratorios (33,3%), Grupos de investigación de excelencia (45%), revistas indexadas (25%), oferta de programas en extensión (60%), entre otros. Pero, algo más: al confrontarse la información contenida en el documento citado con el informe impreso, se encontrará que existen diferencias notorias en estimativos tales como programas de Maestría en cada Facultad, plan de relevo generacional, número de doctores, creación de programas de Especialización, existencia de grupos de investigación categoría A, programas de bienestar universitario y disponibilidad de portafolios de servicios por Facultad, etc., lo cual alteraría los resultados mostrados.
De otro lado, no obstante el aumento de la matrícula universitaria, la planta docente ha tenido un comportamiento inercial, pese a que el Acuerdo 065 de 2005 estableció una nómina equivalente a 566 profesores, que aúno no se ha copado, siendo acelerado el crecimiento de los catedráticos.
Evolución de las principales variables de la UPTC (segundo semestre de cada año).
Año Número de estudiantes Número de profesores Número de funcionarios
2007 22.944 1.428 658
2008 23.282 1.482 649
2009 23.305 1.434 911
2010 23.411 1.507 955
Fuente: Informe de gestión 2007-2010/ Informe de gestión: rendición de cuentas.
En contraste, en los últimos dos años se ha elevado la planta administrativa, como resultado de la mayor contratación de los denominados “administrativos temporales”.
Evolución del personal de la UPTC.
Año Personal docente Personal administrativo
Planta Ocasionales Catedráticos Empleados públicos Trabajadores oficiales Administrativos temporales
2007 522 552 354 415 243 n.d.
2008 527 558 397 415 234 n.d.
2009 505 529 400 367 202 342
2010 529 526 452 401 201 353
Fuente: Informe de gestión 2007-2010/ Informe de gestión: rendición de cuentas.
4. Como ha sido recurrente, la falta de uniformidad de la información presupuestal ha llevado a interpretaciones divergentes. En la última década se ha señalado que la Universidad ha padecido de un desfinanciamiento que se refleja en la persistencia de un déficit presupuestal, que en ocasiones, revistió características estructurales. Sin embargo, los continuos cambios en la presentación de las cifras parecería desvirtuar lo anterior.
Al cotejar el informe impreso con la información divulgada en la página web, referida a la ejecución presupuestal del último periodo, son visibles las discrepancias numéricas. La conclusión inmediata es que, la anterior Administración tuvo un déficit presupuestal en su primer año lo que fue subsanado en los siguientes. Salta a la vista que los esfuerzos de generación de recursos propios han conducido a que el 34% de los ingreso del presupuesto provenga de la “venta de productos y servicios”, representando los recaudos por matrícula de pregrado el 13,8%, mientras los aportes de la Nación han venido descendiendo, hasta situarse en 59%.
En el lapso 2010 - 2011 los aportes nominales del Gobierno Nacional exhibieron un modesto incremento inferior al 1% dentro del presupuesto inicial el cual pasó de $ 89.900 millones a $90.749 millones, significando estas transferencias iniciales un aumento de 1,3% por debajo de la tasa de inflación. Obviamente, en el transcurso de cada vigencia el presupuesto definitivo y el ejecutado varía tendiendo a aumentar, por adiciones y reducciones, lo que le da un margen de maniobra a cada Administración. No obstante la flexibilidad en el manejo presupuestal, lo diversos informes arrojan resultados dispares, mostrando un notorio contraste entre el informe impreso y el divulgado en el portal de la Universidad, objeto de la rendición de cuentas.
Si se analiza la trayectoria seguida por los recursos administrados por la pasada Administración, puede observarse que en el primer año se registró un déficit presupuestal que se enjugó, parcialmente, con el cobro anticipado de matrícula por un valor de $ 5.500 millones, y, posteriormente, en el año 2008 se contrajo un crédito por $ 7.000 millones para equilibrar las cuenta y conjurar la persistencia de un faltante en la financiación presupuestal, como consecuencia del exagerado crecimiento de los gastos generales y los gastos de personal, sólo contrarrestado por el bajo desempeño de la inversión física, lo que ha llevado a una obsoleta infraestructura y equipamiento.
Como resultado de las discrepancias en las fuentes de información y a la aplicación de metodologías no comparables, en la medición de la gestión financiera o presupuestal, es frecuente encontrar cifras no coincidentes, susceptibles de mostrar un balance favorable o un saldo en rojo. Es evidente, tal como se ilustra, a continuación, que los informes aluden a la ejecución presupuestal (recaudos acumulados y compromisos de gasto), aclaración que no es explícita en los documentos oficiales y que llevan a una necesaria depuración de las cifras presupuestales.
Evolución de la ejecución presupuestal de la UPTC.
Año Ingresos (miles de millones $). Informe impreso. Ingresos (miles de millones $). Informe portal UPTC. Gastos (miles de millones $) Déficit/superávit (miles de millones $)
2007 105.505 108.189 110.733 -2.544
2008 125.356 125.855 112.877 12.978
2009 138.680 138.680 130.700 7.980
2010 156.467* 160.009 146.894 13.115
Fuente: Informe de gestión 2007-2010/ Informe de gestión: rendición de cuentas/ SIAFI.
*informe proyectado.
Para que la información presupuestal tenga una real utilidad, se requiere precisar datos relevantes en su ejecución, como es el caso de los ingresos, donde no sólo se debe reflejar el recaudo del mismo, sino que, además es conveniente que el informe presentado a la comunidad, contenga datos referidos al presupuesto de ingresos aforados, como no aforados, de tal manera que permita establecer el porcentaje de dicho recaudo. Así mismo, en lo que respecta a los gastos, sería interesante determinar del monto de los compromisos presupuestales, el valor constituido por reservas y cuentas por pagar, estableciendo, en cada vigencia, la proporción del cumplimiento por parte de los proveedores de bienes y servicios (obligaciones constituidas), y los pagos, respectivamente.
De otro lado, las cifras divulgadas revelan un crecimiento del 64% en 2010, respecto del superávit presupuestal registrado en 2009, siendo este excedente para el año 2010 de $13.115 millones (8,2% del total del presupuesto), cifra nada despreciable para canalizarla hacia la inversión en los diferentes programas y proyectos que se habrían podido iniciar en la vigencia respectiva. De esa manera podría mostrarse una gestión más eficiente de la Administración, lo que permitiría apoyar y fortalecer las iniciativas de estudiantes, docentes, trabajadores y comunidad en general. De lo anterior, surgen los siguientes interrogantes: ¿supera el recaudo de ingresos el monto presupuestado?, si es así, ¿por qué no se aprovechan esos recursos, comprometiéndolos en la misma vigencia?, o, es que acaso, ¿la planeación no contribuye a este propósito?
5. Han transcurrido los primeros cien días de la actual Administración y la Comunidad Universitaria espera los lineamientos básicos que sustentarán el plan de desarrollo, cuyos componentes centrales aún no se han trazado y que, se supone, se derivan del programa de gobierno presentado por el Rector en su campaña electoral. Si bien es cierto, al despegar este periodo se han dado episodios que denotan una dosis de improvisación- particularmente, en el nombramiento del equipo directivo y decanos, así como en la contratación-, los diversos estamentos universitarios confían que haya un cambio de rumbo en las prioridades institucionales y no se replique el autoritario estilo que caracterizó la pasada Administración, que condujo a una gestión muy cuestionada. La próxima evaluación no será en cuerpo ajeno.
Tunja, abril 15 de 2011.
martes, 19 de abril de 2011
Reforma universitaria: ¿más de lo mismo?
REFORMA UNIVERSITARIA: ¿más de lo mismo?
Edilberto Rodríguez Araújo (Representante Profesoral ante el Consejo Académico, sede central)
“Por más esfuerzos que hagamos desde el Gobierno Nacional, los recursos públicos nunca serán suficientes, sobre todo si tenemos en cuenta la gran brecha que tenemos nosotros en materia de oferta y de condiciones de acceso para los jóvenes estudiantes de nuestro país. Entonces tenemos que ser creativos, tenemos que buscar nuevas fuentes de financiamiento y por eso hemos propuesto que puedan llegar recursos de naturaleza privada con ánimo de lucro para que nos ayuden a cofinanciar a nuestro sistema de educación superior” (María Fernanda Campo, Ministra de Educación).
El anuncio del Gobierno Nacional de reformar la Ley 30 de 1992, ha desatado, una oleada de protesta estudiantil y profesoral. En ese escrito vamos a presentar las principales proposiciones que sustentan la cuestionada propuesta –cuyo cuestionamiento se acentúa con las incoherentes declaraciones de los máximos funcionarios del Ministerio de Educación Nacional (MEN)-, así como su contrastación y presunta validez. Analicemos, cuáles son, a nuestro juicio, las premisas que sustentan esta iniciativa gubernamental.
TESIS
1. Existe una oferta insuficiente de cupos en las instituciones de educación superior (IES) colombianas;
2. Anualmente se incrementa la demanda por cupos de bachilleres;
3. Para cerrar la brecha, entre oferta y demanda de cupos, es necesario aumentar la cobertura de la educación superior;
4. Las instituciones de educación superior públicas, incluyendo las universidades, no satisfacen la demanda por nuevos cupos;
5. Ante ese déficit es imperativo la inversión de capital privado, taponando la escasez de financiamiento, para así elevar la oferta educativa;
6. La reforma a la Ley 30 de 1992 es conveniente, ya que ello facilitaría mayor equidad en el acceso al sistema educativo.
Evolución de las principales variables de las IES
AÑO ESTUDIANTES IES ESTUDIANTES UNIVERSIDADES NÚMERO IES NÚMERO UNIVERSIDADES DOCENTES IES DOCENTES UNIVERSIDADES COBERTURA BRUTA IES (%)
2002 1.000.148 713.983 248 73 - - 24,5
2003 1.050.032 729.589 262 73 181.830 136.405 25,6
2004 1.113.726 746.407 269 73 184.049 138.037 27,0
2005 1.196.690 798.643 283 80 196.017 145.782 28,4
2006 1.284.065 828.440 278 80 203.144 153.182 30,0
2007 1.361.148 849.819 279 80 165.344 123.483 31,7
2008 1.492.294 900.856 277 80 206.146 153.941 34,1
2009 1.563.670 948.334 281 80 187.764 139.848 35,5
2010 1.670.000 n.d. 286 80 n.d. n.d. 37,0
*2014 2.200.000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50,0
Fuente: Ministerio de Educación Nacional-SNIES.
El Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno “Prosperidad para todos”, ha fijado como meta para los próximos años incrementar la cobertura bruta de la educación superior, de 35,3 (2009) a 50 por ciento (2014), lo que significa generar 480.000 nuevos cupos. Este indicador fue el mismo que determinó el pasado Gobierno, pero para el 2019. En 2010 egresaron de los colegios 625.466 bachilleres y se prevé que en 2019 ascienda a 909.330, siendo notorio que el sistema educativo absorbe a estos aspirantes de manera gradual, escalonada; dado que las condiciones existentes restringen su acceso. En cuatro años el bache por cupos alcanzaría, por lo menos, los 2,5 millones de bachilleres. Se estima que hay cerca de 286 IES que albergan 1,7 millones de estudiantes, representando las entidades privadas el 44,2 por ciento. Dentro del sistema educativo 80 entidades son universidades con 950.000 matriculados. Las 32 universidades públicas concentran un poco más del 44 por ciento de la población universitaria del país.
Las fuentes de financiación de las IES privadas, como es conocido, provienen, predominantemente, del cobro de matrícula, en tanto de las públicas, los aportes de la Nación, cada vez más menguantes, son determinantes para su sostenibilidad financiera-presupuestal. El proyecto de Ley 30 de 1992, prevé figuras como “contratos de asociación” entre IES públicas y particulares (artículo 10), universidades mixtas (artículo 13), constitución de sociedades anónimas, además de corporaciones o fundaciones (artículo 32), configurando instituciones con ánimo de lucro, equiparadas a empresas mercantiles. Se combinan opciones de posibles alianza privada-privada y público-privada.
Revelando la intencionalidad de la reforma, la Ministra de Educación, declaró:
“¿Qué prevemos nosotros entonces en términos de oferta por parte oferta de instituciones de educación superior privada?, se plantea la posibilidad de que puedan llegar inversionistas a invertir en el sistema de educación superior. El único sector de Colombia que no ha podido beneficiarse de mayores recursos de financiamiento por parte de capital privado ha sido el sistema de educación superior. Hoy, todos los sectores de la economía se financian con recursos públicos y también con recursos privados. ¿Por qué negarle esta opción? No hay opción más costosa para un joven que no tener acceso a la educación y si nosotros no permitimos que llegue inversión privada pues no vamos a ser capaces de generar esta mayor oferta de calidad y de generar mejores condiciones de acceso a nuestros estudiantes”.
ANTÍTESIS
1. La oferta es insuficiente, en razón a que ha tenido un lento crecimiento.
2. La demanda anual de nuevos cupos (625.000 bachilleres en 2010) está por debajo de la errática oferta anual que no supera las 100.000 plazas. La abultada deserción del 45 por ciento agrava la disfuncionalidad del sistema educativo.
3. Durante el periodo 2002-2009 se crearon 563.000 cupos que, frente a las pretensiones del Gobierno Nacional (645.000 cupos para cuatro años), sólo profundizarían el rezago. Si se requirieron 8 años para trepar la cobertura bruta en 11 puntos, incrementarla en 15 puntos, en este periodo presidencial, es ilusorio.
4. El cambio de la naturaleza de las universidades, al transitar de la figura “sin ánimo de lucro” a “con ánimo de lucro”, traerá consigo una competencia “darwinista” entre las instituciones privadas cuyo costo es el detrimento de la calidad. Como ocurrió con las universidades de “garaje” es inevitable el sesgo profesionalizante y la nula investigación. La cooperación de la triada Universidad-empresa-Estado es de vieja data, donde el oferente de servicios son las universidades, alrededor de proyectos específicos. Presentarlo como algo novedoso es sólo un globo distractor. Su nombre, “contratos de asociación”, es un nuevo ropaje a una exitosa práctica que enlaza investigación y extensión. La ambigüedad conceptual de la Ministra ha hecho que se haya desviado la atención de los críticos de la propuesta a este aspecto y no en el riesgo que se cierne sobre las universidades públicas del país, cual es la presencia de sociedades anónimas como socias en la administración de programas académicos, con toda la interferencia en la orientación, perfiles y, lo que es más, en la fijación de matrícula, para hacer más rentable el “negocio” (no el servicio derivado de un derecho social constitucional ). ¡Ese es el leitmotiv de la propuesta!
5. Ampliar la cobertura exige ensanchar la planta docente que se mantiene inmodificable en 185.000 profesores, correspondiendo la mayor parte, alrededor del 75 por ciento, a docentes universitarios. Es preocupante que, en su mayoría, la vinculación es de cátedra y temporales. En las universidades públicas de los 20.000 profesores sólo el 53 por ciento era de planta, lo que revela la precariedad laboral de estos servidores públicos. Contrastan los aportes de la Nación a las universidades públicas (aproximadamente, $ 2,0 billones) con lo asignado en el presupuesto de 2011 a “defensa y seguridad”: ¡¡$ 22 billones!!
6. Es indudable que las normas se tornan obsoletas. Las reformas son inevitables. El proyecto de reforma formula polémicas proposiciones con un visible impacto en el sistema educativo, tales como:
a. La naturaleza de las IES: según la fuente de los recursos financieros, se clasifican en públicas, privadas y mixtas (artículo 13). Las de economía solidaria se asimilan a privadas. Se autorizan la creación de las sociedades anónimas, a partir de las fundaciones y corporaciones-núcleo de las IES privadas-, con emisión y venta de acciones y distribución de dividendos (artículo 32). Se prevé la insólita situación de que el Gobierno asigne recursos a las IES privadas (artículo 108). Se crea el Fondo de fomento a la inversión privada en educación superior (Fominvest), para “vincular capital privado a la prestación del servicio “(artículo 111). Por último, las instituciones públicas y privadas en dificultades podrán acogerse al “Régimen de insolvencia empresarial”, es decir, quiebra empresarial (artículo 109).
b. Categoría de universidad: se establecen rigurosos requisitos para acceder a esta denominación (artículo 15). Se remplaza la noción de universidades estatales u oficiales por el etéreo concepto de IES públicas (artículos 17-30)/102-107).
c. Gobierno universitario: Suprime el Consejo Académico como instancia directiva (artículo 42). El Consejo Superior Universitario (CSU) reglamentará su composición y funcionamiento (artículo 46). La presidencia del CSU de las IES públicas, del orden nacional y departamental, la ejercerá el Gobernador (artículo 45).
d. Autonomía universitaria: Excesivo tutelaje del MEN. La expedición de estatutos y reglamentos estará sujeta al “previo concepto” del MEN (artículo 46. La inspección y vigilancia no tiene un carácter preventivo y correctivo sino punitivo .
e. Financiación de la universidad: Se mantienen los aportes incrementales de la Nación (artículo 106 ). Los recursos adicionales provendrán, principalmente, de dos fuentes: crecimiento real de la volátil economía; indicadores de gestión (cobertura, productividad, cualificación docente, investigación e innovación. Estos aportes no incrementan la base presupuestal.
SÍNTESIS
La propuesta tiene como eje central la ampliación de cobertura. Para los autores de la misma el “cuello de botella” principal es la restringida financiación existente. La inversión adicional, de fuentes públicas y privadas, calculada en $ 2,4 billones, según el Gobierno, podría “apalancar” el crónico desfinanciamiento que ha empujado a las universidades al autofinanciamiento. De esa manera, la oferta se elevaría y habría una mayor oportunidad para los bachilleres. Lo anterior parecería una ecuación incuestionable. Sin embargo, la improbable expansión de los cupos, per se, no garantiza calidad alguna. Como ocurrió en el pasado, la proliferación de IES “con ánimo de lucro” sólo menoscabará la calidad académica, por la prevalencia de la lógica microeconómica. La universidad se asemejará a una sociedad mercantil, con junta directiva (Consejo Superior), gerente general (Rector) y subgerentes (Decanos), dispuestos a sacrificar la autonomía universitaria en el sacrosanto altar de la eficiencia. El Estado no puede renunciar a su responsabilidad, aduciendo experiencias foráneas efectistas, pero perversas (Brasil). Se requieren mayores recursos volcados hacia la planta física y docente. Sólo así habría mayor cobertura de calidad. Lo demás es reproducir la inequidad y la exclusión social.
Edilberto Rodríguez Araújo (Representante Profesoral ante el Consejo Académico, sede central)
“Por más esfuerzos que hagamos desde el Gobierno Nacional, los recursos públicos nunca serán suficientes, sobre todo si tenemos en cuenta la gran brecha que tenemos nosotros en materia de oferta y de condiciones de acceso para los jóvenes estudiantes de nuestro país. Entonces tenemos que ser creativos, tenemos que buscar nuevas fuentes de financiamiento y por eso hemos propuesto que puedan llegar recursos de naturaleza privada con ánimo de lucro para que nos ayuden a cofinanciar a nuestro sistema de educación superior” (María Fernanda Campo, Ministra de Educación).
El anuncio del Gobierno Nacional de reformar la Ley 30 de 1992, ha desatado, una oleada de protesta estudiantil y profesoral. En ese escrito vamos a presentar las principales proposiciones que sustentan la cuestionada propuesta –cuyo cuestionamiento se acentúa con las incoherentes declaraciones de los máximos funcionarios del Ministerio de Educación Nacional (MEN)-, así como su contrastación y presunta validez. Analicemos, cuáles son, a nuestro juicio, las premisas que sustentan esta iniciativa gubernamental.
TESIS
1. Existe una oferta insuficiente de cupos en las instituciones de educación superior (IES) colombianas;
2. Anualmente se incrementa la demanda por cupos de bachilleres;
3. Para cerrar la brecha, entre oferta y demanda de cupos, es necesario aumentar la cobertura de la educación superior;
4. Las instituciones de educación superior públicas, incluyendo las universidades, no satisfacen la demanda por nuevos cupos;
5. Ante ese déficit es imperativo la inversión de capital privado, taponando la escasez de financiamiento, para así elevar la oferta educativa;
6. La reforma a la Ley 30 de 1992 es conveniente, ya que ello facilitaría mayor equidad en el acceso al sistema educativo.
Evolución de las principales variables de las IES
AÑO ESTUDIANTES IES ESTUDIANTES UNIVERSIDADES NÚMERO IES NÚMERO UNIVERSIDADES DOCENTES IES DOCENTES UNIVERSIDADES COBERTURA BRUTA IES (%)
2002 1.000.148 713.983 248 73 - - 24,5
2003 1.050.032 729.589 262 73 181.830 136.405 25,6
2004 1.113.726 746.407 269 73 184.049 138.037 27,0
2005 1.196.690 798.643 283 80 196.017 145.782 28,4
2006 1.284.065 828.440 278 80 203.144 153.182 30,0
2007 1.361.148 849.819 279 80 165.344 123.483 31,7
2008 1.492.294 900.856 277 80 206.146 153.941 34,1
2009 1.563.670 948.334 281 80 187.764 139.848 35,5
2010 1.670.000 n.d. 286 80 n.d. n.d. 37,0
*2014 2.200.000 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 50,0
Fuente: Ministerio de Educación Nacional-SNIES.
El Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno “Prosperidad para todos”, ha fijado como meta para los próximos años incrementar la cobertura bruta de la educación superior, de 35,3 (2009) a 50 por ciento (2014), lo que significa generar 480.000 nuevos cupos. Este indicador fue el mismo que determinó el pasado Gobierno, pero para el 2019. En 2010 egresaron de los colegios 625.466 bachilleres y se prevé que en 2019 ascienda a 909.330, siendo notorio que el sistema educativo absorbe a estos aspirantes de manera gradual, escalonada; dado que las condiciones existentes restringen su acceso. En cuatro años el bache por cupos alcanzaría, por lo menos, los 2,5 millones de bachilleres. Se estima que hay cerca de 286 IES que albergan 1,7 millones de estudiantes, representando las entidades privadas el 44,2 por ciento. Dentro del sistema educativo 80 entidades son universidades con 950.000 matriculados. Las 32 universidades públicas concentran un poco más del 44 por ciento de la población universitaria del país.
Las fuentes de financiación de las IES privadas, como es conocido, provienen, predominantemente, del cobro de matrícula, en tanto de las públicas, los aportes de la Nación, cada vez más menguantes, son determinantes para su sostenibilidad financiera-presupuestal. El proyecto de Ley 30 de 1992, prevé figuras como “contratos de asociación” entre IES públicas y particulares (artículo 10), universidades mixtas (artículo 13), constitución de sociedades anónimas, además de corporaciones o fundaciones (artículo 32), configurando instituciones con ánimo de lucro, equiparadas a empresas mercantiles. Se combinan opciones de posibles alianza privada-privada y público-privada.
Revelando la intencionalidad de la reforma, la Ministra de Educación, declaró:
“¿Qué prevemos nosotros entonces en términos de oferta por parte oferta de instituciones de educación superior privada?, se plantea la posibilidad de que puedan llegar inversionistas a invertir en el sistema de educación superior. El único sector de Colombia que no ha podido beneficiarse de mayores recursos de financiamiento por parte de capital privado ha sido el sistema de educación superior. Hoy, todos los sectores de la economía se financian con recursos públicos y también con recursos privados. ¿Por qué negarle esta opción? No hay opción más costosa para un joven que no tener acceso a la educación y si nosotros no permitimos que llegue inversión privada pues no vamos a ser capaces de generar esta mayor oferta de calidad y de generar mejores condiciones de acceso a nuestros estudiantes”.
ANTÍTESIS
1. La oferta es insuficiente, en razón a que ha tenido un lento crecimiento.
2. La demanda anual de nuevos cupos (625.000 bachilleres en 2010) está por debajo de la errática oferta anual que no supera las 100.000 plazas. La abultada deserción del 45 por ciento agrava la disfuncionalidad del sistema educativo.
3. Durante el periodo 2002-2009 se crearon 563.000 cupos que, frente a las pretensiones del Gobierno Nacional (645.000 cupos para cuatro años), sólo profundizarían el rezago. Si se requirieron 8 años para trepar la cobertura bruta en 11 puntos, incrementarla en 15 puntos, en este periodo presidencial, es ilusorio.
4. El cambio de la naturaleza de las universidades, al transitar de la figura “sin ánimo de lucro” a “con ánimo de lucro”, traerá consigo una competencia “darwinista” entre las instituciones privadas cuyo costo es el detrimento de la calidad. Como ocurrió con las universidades de “garaje” es inevitable el sesgo profesionalizante y la nula investigación. La cooperación de la triada Universidad-empresa-Estado es de vieja data, donde el oferente de servicios son las universidades, alrededor de proyectos específicos. Presentarlo como algo novedoso es sólo un globo distractor. Su nombre, “contratos de asociación”, es un nuevo ropaje a una exitosa práctica que enlaza investigación y extensión. La ambigüedad conceptual de la Ministra ha hecho que se haya desviado la atención de los críticos de la propuesta a este aspecto y no en el riesgo que se cierne sobre las universidades públicas del país, cual es la presencia de sociedades anónimas como socias en la administración de programas académicos, con toda la interferencia en la orientación, perfiles y, lo que es más, en la fijación de matrícula, para hacer más rentable el “negocio” (no el servicio derivado de un derecho social constitucional ). ¡Ese es el leitmotiv de la propuesta!
5. Ampliar la cobertura exige ensanchar la planta docente que se mantiene inmodificable en 185.000 profesores, correspondiendo la mayor parte, alrededor del 75 por ciento, a docentes universitarios. Es preocupante que, en su mayoría, la vinculación es de cátedra y temporales. En las universidades públicas de los 20.000 profesores sólo el 53 por ciento era de planta, lo que revela la precariedad laboral de estos servidores públicos. Contrastan los aportes de la Nación a las universidades públicas (aproximadamente, $ 2,0 billones) con lo asignado en el presupuesto de 2011 a “defensa y seguridad”: ¡¡$ 22 billones!!
6. Es indudable que las normas se tornan obsoletas. Las reformas son inevitables. El proyecto de reforma formula polémicas proposiciones con un visible impacto en el sistema educativo, tales como:
a. La naturaleza de las IES: según la fuente de los recursos financieros, se clasifican en públicas, privadas y mixtas (artículo 13). Las de economía solidaria se asimilan a privadas. Se autorizan la creación de las sociedades anónimas, a partir de las fundaciones y corporaciones-núcleo de las IES privadas-, con emisión y venta de acciones y distribución de dividendos (artículo 32). Se prevé la insólita situación de que el Gobierno asigne recursos a las IES privadas (artículo 108). Se crea el Fondo de fomento a la inversión privada en educación superior (Fominvest), para “vincular capital privado a la prestación del servicio “(artículo 111). Por último, las instituciones públicas y privadas en dificultades podrán acogerse al “Régimen de insolvencia empresarial”, es decir, quiebra empresarial (artículo 109).
b. Categoría de universidad: se establecen rigurosos requisitos para acceder a esta denominación (artículo 15). Se remplaza la noción de universidades estatales u oficiales por el etéreo concepto de IES públicas (artículos 17-30)/102-107).
c. Gobierno universitario: Suprime el Consejo Académico como instancia directiva (artículo 42). El Consejo Superior Universitario (CSU) reglamentará su composición y funcionamiento (artículo 46). La presidencia del CSU de las IES públicas, del orden nacional y departamental, la ejercerá el Gobernador (artículo 45).
d. Autonomía universitaria: Excesivo tutelaje del MEN. La expedición de estatutos y reglamentos estará sujeta al “previo concepto” del MEN (artículo 46. La inspección y vigilancia no tiene un carácter preventivo y correctivo sino punitivo .
e. Financiación de la universidad: Se mantienen los aportes incrementales de la Nación (artículo 106 ). Los recursos adicionales provendrán, principalmente, de dos fuentes: crecimiento real de la volátil economía; indicadores de gestión (cobertura, productividad, cualificación docente, investigación e innovación. Estos aportes no incrementan la base presupuestal.
SÍNTESIS
La propuesta tiene como eje central la ampliación de cobertura. Para los autores de la misma el “cuello de botella” principal es la restringida financiación existente. La inversión adicional, de fuentes públicas y privadas, calculada en $ 2,4 billones, según el Gobierno, podría “apalancar” el crónico desfinanciamiento que ha empujado a las universidades al autofinanciamiento. De esa manera, la oferta se elevaría y habría una mayor oportunidad para los bachilleres. Lo anterior parecería una ecuación incuestionable. Sin embargo, la improbable expansión de los cupos, per se, no garantiza calidad alguna. Como ocurrió en el pasado, la proliferación de IES “con ánimo de lucro” sólo menoscabará la calidad académica, por la prevalencia de la lógica microeconómica. La universidad se asemejará a una sociedad mercantil, con junta directiva (Consejo Superior), gerente general (Rector) y subgerentes (Decanos), dispuestos a sacrificar la autonomía universitaria en el sacrosanto altar de la eficiencia. El Estado no puede renunciar a su responsabilidad, aduciendo experiencias foráneas efectistas, pero perversas (Brasil). Se requieren mayores recursos volcados hacia la planta física y docente. Sólo así habría mayor cobertura de calidad. Lo demás es reproducir la inequidad y la exclusión social.
¿Para Tunja lo mejor?
SUMAS & restas
¿Para Tunja lo mejor?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
Para evaluar la gestión de un gobernante es determinante disponer de indicadores, midiendo así la eficiencia o eficacia de su desempeño frente a los objetivos y metas (de resultado o de producto), derivadas del plan de desarrollo. En este primer intervalo del año son muchas las administraciones que, en el marco de la rendición de cuentas, vienen presentando informes de gestión. En días pasados el Alcalde de Tunja hizo el balance de su gestión, precedido de una truculenta catilinaria contra “algunos sectores perversos de la comunidad que han tratado de empañar esta gestión”.
No obstante que el informe rendido enuncia que se refiere al seguimiento y evaluación del plan de desarrollo “Para Tunja… lo mejor!”, a partir de los cuatro ejes estratégicos formulados en el documento (Desarrollo social, Desarrollo económico sostenible, Desarrollo ambiental y Desarrollo institucional participativo), mostrando una presunta eficacia administrativa de 73, 6 por ciento en 2010, no se cotejan los resultados obtenidos con las metas específicas del plan. En cada uno de los 22 sectores se enfatiza en los recursos volcados en cada programa, contrastando lo comprometido frente a lo presupuestado, para, de allí, calcular el cumplimiento, en términos financieros. De ello resulta que el año pasado el porcentaje de ejecución fue, según la Alcaldía, de 79,2 por ciento. Pero, al desglosar la información se encuentra que, dentro de los sectores más rezagados, están Prevención de desastres (1, 6 por ciento), Promoción y desarrollo (13,9 por ciento), Deporte y recreación (19,3 por ciento), Turismo (30,6 por ciento), Fortalecimiento institucional (32,9 por ciento), Agropecuario (39,6 por ciento), Equipamiento municipal (37,8 por ciento) y Medio ambiente (45,5 por ciento), entre otros, lo que denota un retroceso con respecto a los dos años anteriores. Son ocho sectores que fueron receptores de, alrededor, del 40 por ciento de la inversión en ese año. Es extraño que las llamadas ejecuciones presupuestales sean inferiores a lo programado en el plan de inversión cuatrienal, cuyo costo fue estimado en $ 478.622 millones.
Si se hace alusión a todo el periodo transcurrido de esta administración municipal (2008-2010), se observa que los sectores de menor avance son los que inciden notoriamente en el bienestar o malestar ciudadano: prevención de desastres ante los enormes riesgos de la emergencia invernal (50 por ciento), la infraestructura de vías y transporte (33 por ciento) y la dotación de parques, bibliotecas y puestos de salud (40 por ciento).
Al hacer un escrutinio de los avances, es notorio que, a diferencia de los indicadores contenidos en el plan indicativo, -enlazando línea de base y metas de resultados y productos esperados-, en el informe sólo se mencionan, de manera aislada, cifras puntuales sobre cuánto se gastó en cada programa, sin precisar,- excepto en algunos casos como beneficiarios de vivienda, Sisben, capacitación, transporte escolar, etc.-, el impacto real en la población tunjana. Es decir, se enfatizó en las partidas presupuestales invertidas –cuya fuente de financiación predominante no son los recursos propios sino el Sistema General de Participaciones (SGP)- para alardear un sobrecumplimiento de la gestión, omitiendo, de manera deliberada, las metas explícitas de producto, tales como cobertura, proyectos, eventos, etc. Predominó la cantidad sobre la calidad de gasto público, lo que el locuaz alcalde, pese a su histrionismo, no puede desvirtuar.
E-mail: palimpsesto@hotmail. com
Twitter: @zaperongo.
¿Para Tunja lo mejor?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
Para evaluar la gestión de un gobernante es determinante disponer de indicadores, midiendo así la eficiencia o eficacia de su desempeño frente a los objetivos y metas (de resultado o de producto), derivadas del plan de desarrollo. En este primer intervalo del año son muchas las administraciones que, en el marco de la rendición de cuentas, vienen presentando informes de gestión. En días pasados el Alcalde de Tunja hizo el balance de su gestión, precedido de una truculenta catilinaria contra “algunos sectores perversos de la comunidad que han tratado de empañar esta gestión”.
No obstante que el informe rendido enuncia que se refiere al seguimiento y evaluación del plan de desarrollo “Para Tunja… lo mejor!”, a partir de los cuatro ejes estratégicos formulados en el documento (Desarrollo social, Desarrollo económico sostenible, Desarrollo ambiental y Desarrollo institucional participativo), mostrando una presunta eficacia administrativa de 73, 6 por ciento en 2010, no se cotejan los resultados obtenidos con las metas específicas del plan. En cada uno de los 22 sectores se enfatiza en los recursos volcados en cada programa, contrastando lo comprometido frente a lo presupuestado, para, de allí, calcular el cumplimiento, en términos financieros. De ello resulta que el año pasado el porcentaje de ejecución fue, según la Alcaldía, de 79,2 por ciento. Pero, al desglosar la información se encuentra que, dentro de los sectores más rezagados, están Prevención de desastres (1, 6 por ciento), Promoción y desarrollo (13,9 por ciento), Deporte y recreación (19,3 por ciento), Turismo (30,6 por ciento), Fortalecimiento institucional (32,9 por ciento), Agropecuario (39,6 por ciento), Equipamiento municipal (37,8 por ciento) y Medio ambiente (45,5 por ciento), entre otros, lo que denota un retroceso con respecto a los dos años anteriores. Son ocho sectores que fueron receptores de, alrededor, del 40 por ciento de la inversión en ese año. Es extraño que las llamadas ejecuciones presupuestales sean inferiores a lo programado en el plan de inversión cuatrienal, cuyo costo fue estimado en $ 478.622 millones.
Si se hace alusión a todo el periodo transcurrido de esta administración municipal (2008-2010), se observa que los sectores de menor avance son los que inciden notoriamente en el bienestar o malestar ciudadano: prevención de desastres ante los enormes riesgos de la emergencia invernal (50 por ciento), la infraestructura de vías y transporte (33 por ciento) y la dotación de parques, bibliotecas y puestos de salud (40 por ciento).
Al hacer un escrutinio de los avances, es notorio que, a diferencia de los indicadores contenidos en el plan indicativo, -enlazando línea de base y metas de resultados y productos esperados-, en el informe sólo se mencionan, de manera aislada, cifras puntuales sobre cuánto se gastó en cada programa, sin precisar,- excepto en algunos casos como beneficiarios de vivienda, Sisben, capacitación, transporte escolar, etc.-, el impacto real en la población tunjana. Es decir, se enfatizó en las partidas presupuestales invertidas –cuya fuente de financiación predominante no son los recursos propios sino el Sistema General de Participaciones (SGP)- para alardear un sobrecumplimiento de la gestión, omitiendo, de manera deliberada, las metas explícitas de producto, tales como cobertura, proyectos, eventos, etc. Predominó la cantidad sobre la calidad de gasto público, lo que el locuaz alcalde, pese a su histrionismo, no puede desvirtuar.
E-mail: palimpsesto@hotmail. com
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¿
SUMAS & restas
¿Para Tunja lo mejor?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
Para evaluar la gestión de un gobernante es determinante disponer de indicadores, midiendo así la eficiencia o eficacia de su desempeño frente a los objetivos y metas (de resultado o de producto), derivadas del plan de desarrollo. En este primer intervalo del año son muchas las administraciones que, en el marco de la rendición de cuentas, vienen presentando informes de gestión. En días pasados el Alcalde de Tunja hizo el balance de su gestión, precedido de una truculenta catilinaria contra “algunos sectores perversos de la comunidad que han tratado de empañar esta gestión”.
No obstante que el informe rendido enuncia que se refiere al seguimiento y evaluación del plan de desarrollo “Para Tunja… lo mejor!”, a partir de los cuatro ejes estratégicos formulados en el documento (Desarrollo social, Desarrollo económico sostenible, Desarrollo ambiental y Desarrollo institucional participativo), mostrando una presunta eficacia administrativa de 73, 6 por ciento en 2010, no se cotejan los resultados obtenidos con las metas específicas del plan. En cada uno de los 22 sectores se enfatiza en los recursos volcados en cada programa, contrastando lo comprometido frente a lo presupuestado, para, de allí, calcular el cumplimiento, en términos financieros. De ello resulta que el año pasado el porcentaje de ejecución fue, según la Alcaldía, de 79,2 por ciento. Pero, al desglosar la información se encuentra que, dentro de los sectores más rezagados, están Prevención de desastres (1, 6 por ciento), Promoción y desarrollo (13,9 por ciento), Deporte y recreación (19,3 por ciento), Turismo (30,6 por ciento), Fortalecimiento institucional (32,9 por ciento), Agropecuario (39,6 por ciento), Equipamiento municipal (37,8 por ciento) y Medio ambiente (45,5 por ciento), entre otros, lo que denota un retroceso con respecto a los dos años anteriores. Son ocho sectores que fueron receptores de, alrededor, del 40 por ciento de la inversión en ese año. Es extraño que las llamadas ejecuciones presupuestales sean inferiores a lo programado en el plan de inversión cuatrienal, cuyo costo fue estimado en $ 478.622 millones.
Si se hace alusión a todo el periodo transcurrido de esta administración municipal (2008-2010), se observa que los sectores de menor avance son los que inciden notoriamente en el bienestar o malestar ciudadano: prevención de desastres ante los enormes riesgos de la emergencia invernal (50 por ciento), la infraestructura de vías y transporte (33 por ciento) y la dotación de parques, bibliotecas y puestos de salud (40 por ciento).
Al hacer un escrutinio de los avances, es notorio que, a diferencia de los indicadores contenidos en el plan indicativo, -enlazando línea de base y metas de resultados y productos esperados-, en el informe sólo se mencionan, de manera aislada, cifras puntuales sobre cuánto se gastó en cada programa, sin precisar,- excepto en algunos casos como beneficiarios de vivienda, Sisben, capacitación, transporte escolar, etc.-, el impacto real en la población tunjana. Es decir, se enfatizó en las partidas presupuestales invertidas –cuya fuente de financiación predominante no son los recursos propios sino el Sistema General de Participaciones (SGP)- para alardear un sobrecumplimiento de la gestión, omitiendo, de manera deliberada, las metas explícitas de producto, tales como cobertura, proyectos, eventos, etc. Predominó la cantidad sobre la calidad de gasto público, lo que el locuaz alcalde, pese a su histrionismo, no puede desvirtuar.
E-mail: palimpsesto@hotmail. com
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¿Para Tunja lo mejor?
Edilberto Rodríguez Araújo – Director del Centro de Estudios Económicos (CENES) de la UPTC.
Para evaluar la gestión de un gobernante es determinante disponer de indicadores, midiendo así la eficiencia o eficacia de su desempeño frente a los objetivos y metas (de resultado o de producto), derivadas del plan de desarrollo. En este primer intervalo del año son muchas las administraciones que, en el marco de la rendición de cuentas, vienen presentando informes de gestión. En días pasados el Alcalde de Tunja hizo el balance de su gestión, precedido de una truculenta catilinaria contra “algunos sectores perversos de la comunidad que han tratado de empañar esta gestión”.
No obstante que el informe rendido enuncia que se refiere al seguimiento y evaluación del plan de desarrollo “Para Tunja… lo mejor!”, a partir de los cuatro ejes estratégicos formulados en el documento (Desarrollo social, Desarrollo económico sostenible, Desarrollo ambiental y Desarrollo institucional participativo), mostrando una presunta eficacia administrativa de 73, 6 por ciento en 2010, no se cotejan los resultados obtenidos con las metas específicas del plan. En cada uno de los 22 sectores se enfatiza en los recursos volcados en cada programa, contrastando lo comprometido frente a lo presupuestado, para, de allí, calcular el cumplimiento, en términos financieros. De ello resulta que el año pasado el porcentaje de ejecución fue, según la Alcaldía, de 79,2 por ciento. Pero, al desglosar la información se encuentra que, dentro de los sectores más rezagados, están Prevención de desastres (1, 6 por ciento), Promoción y desarrollo (13,9 por ciento), Deporte y recreación (19,3 por ciento), Turismo (30,6 por ciento), Fortalecimiento institucional (32,9 por ciento), Agropecuario (39,6 por ciento), Equipamiento municipal (37,8 por ciento) y Medio ambiente (45,5 por ciento), entre otros, lo que denota un retroceso con respecto a los dos años anteriores. Son ocho sectores que fueron receptores de, alrededor, del 40 por ciento de la inversión en ese año. Es extraño que las llamadas ejecuciones presupuestales sean inferiores a lo programado en el plan de inversión cuatrienal, cuyo costo fue estimado en $ 478.622 millones.
Si se hace alusión a todo el periodo transcurrido de esta administración municipal (2008-2010), se observa que los sectores de menor avance son los que inciden notoriamente en el bienestar o malestar ciudadano: prevención de desastres ante los enormes riesgos de la emergencia invernal (50 por ciento), la infraestructura de vías y transporte (33 por ciento) y la dotación de parques, bibliotecas y puestos de salud (40 por ciento).
Al hacer un escrutinio de los avances, es notorio que, a diferencia de los indicadores contenidos en el plan indicativo, -enlazando línea de base y metas de resultados y productos esperados-, en el informe sólo se mencionan, de manera aislada, cifras puntuales sobre cuánto se gastó en cada programa, sin precisar,- excepto en algunos casos como beneficiarios de vivienda, Sisben, capacitación, transporte escolar, etc.-, el impacto real en la población tunjana. Es decir, se enfatizó en las partidas presupuestales invertidas –cuya fuente de financiación predominante no son los recursos propios sino el Sistema General de Participaciones (SGP)- para alardear un sobrecumplimiento de la gestión, omitiendo, de manera deliberada, las metas explícitas de producto, tales como cobertura, proyectos, eventos, etc. Predominó la cantidad sobre la calidad de gasto público, lo que el locuaz alcalde, pese a su histrionismo, no puede desvirtuar.
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